A.E.F.I.P
Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos
miércoles 21 de octubre de 2020 - Edición Nº932
Trabajadores Impositivos » Noticias » 4 sep 2020

La OCDE recomienda subir los impuestos verdes y a la propiedad para financiar la recuperación

El organismo alerta de que habrá que esperar la reactivación económica para avanzar en la consolidación fiscal


La llegada del coronavirus ha revolucionado en un abrir y cerrar de ojos todas las prioridades de las autoridades. Los Gobiernos han tenido que volcarse hacia la atención sanitaria y han diseñado medidas de choque para sostener el tejido productivo y las familias durante el confinamiento. Ahora, tras la desescalada y ante un futuro que sigue siendo incierto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda mantener los apoyos fiscales “el tiempo que sea necesario” para impulsar la recuperación y evitar caer en la trampa de la austeridad. “Las medidas deben estar bien orientadas y retirarse lentamente cuando la situación mejore”, reza la quinta edición del informe Tax Policy Reforms 2020, publicado este jueves por el organismo, que recomienda que los impuestos verdes y los gravámenes sobre la propiedad y las ganancias del capital ganen peso en la fase de reconstrucción.

“Una vez que los países salgan de la crisis y las economías se recuperen, los gobiernos comenzarán a buscar cómo restablecer las finanzas públicas, pero es posible que no puedan recurrir a recetas tradicionales”, zanja el editorial del informe, firmado por Pascal Saint-Amans, director del Centro de Políticas y Administración Tributaria del organismo con sede en París.

En otras palabras: ha llegado el momento de empezar a pensar en reformas estructurales que atajen el boquete que la pandemia ha generado en las cuentas públicas, pero sin que estas supongan una vuelta a la casilla de partida. Al contrario, el club de las economías avanzadas sugiere que esta crisis sea un estímulo para “reconstruir mejor” y buscar fuentes de ingresos alternativas, empezando por impulsar la fiscalidad medioambiental ―”una prioridad central”―, que todavía tiene un peso diminuto en la recaudación de la OCDE: un 1,5% del PIB de media en 2018.

“Aumentar los impuestos sobre el trabajo y el consumo, como se hizo a raíz de la crisis financiera mundial de 2008, resultan ser no deseable desde una perspectiva de equidad”, aclara el informe. Según el organismo, además de la fiscalidad medio ambiental, también los impuestos sobre propiedad y rentas del capital tendrán un papel importante en la recuperación, sobre todo en un “contexto de mejoras significativas en la transparencia tributaria internacional”.

En este sentido, prevé que la necesidad de financiación causada por la crisis brinde un nuevo impulso al diseño de una tasa digital global, en la que la OCDE lleva años trabajando y cuyo avance se ha visto recientemente frenado por el estallido de la pandemia y la decisión de EE UU de descolgarse de las negociaciones. “La mayor presión sobre las finanzas públicas, así como las crecientes demandas de una mayor equidad deberían proporcionar un nuevo ímpetu para alcanzar un acuerdo sobre la fiscalidad digital. La cooperación fiscal será aún más necesaria para evitar que las disputas fiscales se conviertan en guerras comerciales, lo que dañaría la recuperación en un momento en que la economía mundial menos puede permitírselo”, concluye el organismo.

El informe publicado este jueves, que con periodicidad anual disecciona los principales cambios en las políticas fiscales de los miembros del club y un puñado de otras economías ―en total, 40 países en la edición de 2020―, hace este año hincapié en las medidas lanzadas para hacer frente a la emergencia sanitaria, aunque también recoge las principales tendencias en materia tributaria observadas antes del estallido de la crisis. Entre ellas, rebajas del IRPF para las clases medias y del tipo nominal del impuesto de sociedades, además de señales de alza en el impuesto sobre el patrimonio.

En línea general, las herramientas lanzadas nada más estallar la emergencia sanitaria se han dirigido a mantener a flote hogares y empresas a través de instrumentos de liquidez y protección del empleo y de las rentas ―aunque su magnitud y alcance varían en función del país―. Unas ayudas que se han ido ampliando después, a medida que se prolongaba el confinamiento.

 

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